La Justicia Federal desestimó y ordenó el archivo de la denuncia que formuló el dirigente José Vitar contra titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Augusto Guraiib, y el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, por presunta administración fraudulenta y apropiación ilícita de recursos. “No encuadran dentro de una base fáctica punible que dé lugar a un accionar judicial”, concluyó en su dictamen el fiscal federal N°1, Carlos Brito.
El 14 de mayo de 2021, el ex diputado hizo una presentación en la que acusa a la SAT de no haber hecho una licitación única para 22 obras de agua y cloacas en distintas zonas de San Miguel de Tucumán, con fondos nacionales promovidos desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), por $900 millones. Planteó que para adjudicar dichos trabajos se había utilizado el mecanismo del “precio promedio”, que implicaba dejar de lado a los oferentes que habían formulado la cotización más baja. “Detrás de todo esto estaría soterrado un claro hecho de corrupción consistente en que todas las empresas adjudicatarias debían entregar un porcentaje del 3% del total del precio de la adjudicación”, denunció. Apuntó principalmente contra Garber por haber sido adjudicatario de la obra más grande.
A su vez, se señaló que en el artículo 15 de dicho decreto se expone en los criterios de selección que “la adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta”. El personal técnico concluyó que “los responsables de la SAT se manejaron conforme a derecho”. También indicó que del material analizado “no se observó diligenciamiento del acto contractual, osea que no se dirige hacia una misma empresa en particular, sino fueron preadjudicadas distintas empresas en diferentes obras a realizar”.
Garber, en tanto, envió a este diario un comunicado en el que expresó que lo que Vitar buscó fue “perjudicar y poner en tela de juicio nuestra honorabilidad y nuestro trabajo”. “Esta denuncia, la que considero difamatoria, afectó mi buen nombre y honor, como también mi reputación de persona de bien y como empresario y en mi entorno familiar. Afectó a todos los empresarios que estamos nucleados en la Cámara Tucumana de la Construcción. Él se olvida que damos trabajos a muchas personas. Es grande el daño que causó; duele ver a tucumanos que por intereses personales afectan la obra pública”, manifestó.